Denuncian robo masivo de cantera ejidal para carretera: alertan nuevo ‘huachicol minero’ en el país

CDMX.- Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunciaron que presentarán un punto de acuerdo para denunciar lo que denominaron “huachicol minero”, al acusar el presunto robo de material propiedad de un ejido en San Luis Potosí, que habría sido utilizado en una obra carretera en detrimento del patrimonio de la comunidad.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, expuso que, de acuerdo con la denuncia de ejidatarios de Villa Hidalgo, un volumen significativo de material de cantera fue extraído del Ejido Pedrera del Tanquito sin permisos ambientales, sin concesión minera y sin manifestación de impacto ambiental.

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Añorve precisó que el material habría sido utilizado en la construcción del Libramiento Ventura–El Peyote, una de las obras carreteras más relevantes de esa región del estado, lo que, dijo, representa un daño directo al patrimonio de los propietarios de los terrenos.

De acuerdo con registros y testimonios de habitantes del ejido, la operación implicó la venta clandestina de al menos 240 mil metros cúbicos de material “a pie de mina”, adquirido directamente a algunos ejidatarios que operaron de manera irregular, sin autorización de la asamblea ejidal y sin que la comunidad recibiera beneficio alguno.

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El senador informó que la empresa señalada como presunta compradora del material es Desarrollador de Infraestructura Vise, contratista vinculada al tramo del libramiento que conecta Estación Ventura con El Peyote.

“Es muy grave esta denuncia. Ahora resulta que también se permite el huachicol minero, el robo de materiales sin ningún tipo de concesión, violando leyes ambientales, evadiendo impuestos y en detrimento del patrimonio de los ejidatarios”, expresó Añorve.

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Ante estos hechos, adelantó que su bancada presentará un punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Economía, Medio Ambiente, Hacienda y Desarrollo Agrario, así como a la Profepa, a que expliquen la situación, revisen permisos, verifiquen los hechos, abran procedimientos administrativos y, en su caso, impongan sanciones por la explotación irregular de recursos comunales y la posible evasión fiscal.

Por su parte, Martín Muñoz Torres, presidente de la asociación de ejidatarios, y José Adrián Castillo Méndez, secretario, señalaron que unos cuantos miembros del núcleo ejidal habrían explotado el recurso en complicidad con una empresa fantasma, rompiendo el principio de justicia social que establece el artículo 27 constitucional.

Advirtieron que este despojo podría incluso poner en riesgo la subsistencia jurídica del ejido, ya que la afectación a los bienes ejidales es considerada causal de extinción, además de representar un daño directo a las familias que dependen de estos recursos. Con información de El Universal