Logra FGR sólo 17 condenas por lavado en dos décadas

CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) inició 8 mil 145 carpetas de investigación por el delito de lavado de dinero en el periodo 2006-2026, pero solamente consiguió que los tribunales dictaran sentencias condenatorias irrevocables en 17 casos. La cifra equivale a 0.2% del total de las investigaciones abiertas.

La baja proporción de condenas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita se ha mantenido a lo largo de distintos gobiernos, sin importar el partido en el poder, de acuerdo con el análisis hecho para este reportaje tras la información entregada por la FGR vía ley de transparencia.

En los datos proporcionados se observa que, en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, del PAN, hubo nueve sentencias por lavado de dinero; con Enrique Peña Nieto, del PRI, la cifra descendió a tres, y en la administración de Andrés Manuel López Obrador, de Morena, se reportaron cinco. En los dos primeros años del gobierno de Claudia Sheinbaum, la FGR no había reportado sentencias condenatorias irrevocables, aunque sí ha conseguido fallos favorables importantes en primera instancia.

Un caso relevante recientemente fue el de Zhenli Ye Gon, el empresario mexicano de origen chino cuyo nombre se hizo conocido en marzo de 2007, cuando las autoridades encontraron más de 205 millones de dólares en efectivo en su residencia en Ciudad de México.

Según informó la FGR, en julio de 2026 logró una sentencia de 15 años y un día de prisión por operaciones con recursos de procedencia ilícita, después de que se acreditara su participación en transferencias de recursos al extranjero. Sin embargo, la documentación consultada no permite establecer que esta sentencia haya adquirido firmeza.

Una aclaración emitida por el juzgado en septiembre de 2026 ordenó tramitar recursos de apelación interpuestos contra el fallo, por lo que no es posible contabilizarla como una sentencia condenatoria irrevocable.

En México, el lavado de dinero —denominado legalmente operaciones con recursos de procedencia ilícita— está tipificado como delito en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal. Su prevención y detección también cuentan con un marco normativo específico, como la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que establece mecanismos para identificar y reportar operaciones sospechosas.

Sin embargo, las únicas sentencias condenatorias irrevocables que la Fiscalía General de la República reportó haber obtenido en las últimas dos décadas corresponden al delito previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.

Se contactó a la FGR para conocer una postura al respecto, pero no hubo respuesta.

SOLO DISCURSO

En 2006, cuando Felipe Calderón declaró la llamada Guerra contra el narcotráfico, destacó que el combate al lavado de dinero era fundamental para debilitar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales. El discurso fue reiterativo durante los seis años de su administración (2006-2012).

“Es indispensable contar con una estrategia clara, con un marco jurídico adecuado que nos permita golpear, y golpear contundentemente, esta fuente de recursos donde está, precisamente, la clave de su fuerza, sus finanzas”, afirmó en agosto de 2010 al presentar una serie de iniciativas legislativas para combatir el delito.

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) el combate al lavado de dinero también fue presentado como una herramienta para debilitar al crimen organizado. “Algunos cárteles han acumulado enormes cantidades de dinero y armas. Ahora estamos emprendiendo acciones contra el lavado de dinero con la intención de quitar a los cárteles sus recursos vitales”, declaró al semanario alemán “Der Spiegel” en febrero de 2013.

En la administración de Andrés Manuel López Obrador, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tuvo un papel recurrente en el discurso público. Durante las conferencias diarias del Ejecutivo presentaban información de las acciones emprendidas en materia de combate al lavado de dinero, como congelamiento de cuentas bancarias y la inclusión de individuos en la lista de personas bloqueadas.

Sin embargo, las cifras de sentencias condenatorias obtenidas por la fiscalía entre diciembre de 2006 y mediados de este año muestran un panorama distinto al del discurso. De las 17 resoluciones condenatorias analizadas, sólo ocho expedientes involucran a miembros de algún grupo del narcotráfico como: Cártel de Sinaloa, Cártel del Milenio, Cártel del Golfo, Cártel de los Arellano Félix, Cártel de Juárez, Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Zetas.

Además, los sentenciados fueron en su mayoría parte de los escalones más bajos de la estructura criminal: gente que transportaba dinero en compartimentos ocultos, maletas o contenedores de tráileres y que lo movían en territorio mexicano y al extranjero.

Entre las sentencias más importantes por lavado de dinero y vinculadas a estructuras del crimen organizado está la emitida contra Vicente Carrillo Leyva, hijo del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, fundador del Cártel de Juárez. El fallo fue dictado en diciembre de 2015, después de un largo proceso penal que se extendió por seis años tras ser detenido en abril de 2009. La condena fue de siete años y seis meses de prisión.

En su declaración explicó que se dedicaba a los bienes raíces con ingresos de hasta 50 mil pesos mensuales y negó dedicarse al tráfico de drogas, pero admitió haber aceptado bienes inmobiliarios heredados por su padre, el fallecido narcotraficante conocido como “El Señor de los Cielos”.

Otra sentencia importante por lavado de dinero fue la dictada contra Ivonne Soto Vega, señalada por autoridades mexicanas y estadounidenses como una de las principales operadoras financieras del Cártel de los Arellano Félix.

Soto Vega fue detenida en junio de 2001 acusada de encabezar una red de lavado que operaba mediante inmobiliarias y casas de cambio al servicio de esta organización criminal, también conocida como Cártel de Tijuana. En febrero de 2011, después de una década de pelear en tribunales para echar abajo los cargos fincados por la FGR, recibió una sentencia definitiva de siete años y seis meses de cárcel por lavado de dinero.

En julio de 2019, un juzgado también dictó sentencias condenatorias contra tres miembros de Los Zetas, entre ellos uno de sus líderes, Óscar Omar Treviño Morales, alias El Z-42, imponiendo penas de hasta 18 años de prisión y sanciones económicas.

De acuerdo con el fallo de la causa penal, obtenido vía transparencia, la conducta sancionada consistió en “custodiar por sí recursos dentro del territorio nacional con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita”.

Aunque el artículo 400 Bis del Código Penal Federal establece penas de prisión de hasta 30 años para quienes cometen este delito, las condenas documentadas en 15 de los 17 casos analizados oscilaron entre cinco y siete años de cárcel. En otro caso, la pena fue de 18 años, mientras que en el restante se impusieron 60 años de prisión por reincidencia en el ilícito.

El proceso judicial puede prolongarse durante años antes de que una sentencia quede firme. Por ello, los datos aquí presentados corresponden a sentencias condenatorias irrevocables, es decir, resoluciones judiciales que han quedado firmes porque ya no pueden ser impugnadas mediante los recursos legales procedentes.

Aunque México no cuenta con una cifra oficial clara sobre el monto que lava el crimen organizado, existen estimaciones de organismos internacionales. En marzo de 2022, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de Naciones Unidas señaló en su informe anual que los cárteles mexicanos blanquean alrededor de 25 mil millones de dólares al año en el país.

El documento también advirtió sobre el uso creciente de criptomonedas y otras herramientas digitales para ocultar el origen de los recursos ilícitos.