Sheinbaum habría confrontado a Harfuch por congelar cuentas tras sanciones de EU: WSJ
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The Wall Street Journal reporta que Sheinbaum cuestionó las pruebas de EU antes de autorizar el bloqueo de cuentas tras las sanciones de la UIF
La presidenta Claudia Sheinbaum habría cuestionado a integrantes de su equipo de seguridad e inteligencia por los planes para congelar cuentas bancarias de exfuncionarios mexicanos vinculados con el gobierno de Baja California, poco antes de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impusiera sanciones contra personas señaladas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con un reporte publicado por The Wall Street Journal (WSJ) este 7 de octubre de 2026, el episodio ocurrió la semana pasada en Palacio Nacional, donde Sheinbaum habría interrogado a funcionarios de seguridad e inteligencia sobre las medidas que se preparaban contra los exfuncionarios.
Según personas cercanas a la conversación citadas por el diario estadounidense, la mandataria cuestionó que las autoridades mexicanas dieran por sentado que Estados Unidos contaba con pruebas sólidas sobre los presuntos vínculos de los exfuncionarios con organizaciones criminales.
El reporte señala que Sheinbaum fue particularmente crítica con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a quien habría cuestionado por los planes de las autoridades mexicanas para bloquear las cuentas.
Las fuentes citadas por el WSJ señalaron que Sheinbaum consideró que las medidas estadounidenses formaban parte de un intento por desestabilizar a México y a su gobierno. Al final, según el reporte, la presidenta autorizó el congelamiento de las cuentas ante la posibilidad de que una negativa afectara la relación de cooperación con Estados Unidos.
Los portavoces de Sheinbaum y García Harfuch declinaron hacer comentarios al diario sobre el episodio.
UIF BLOQUEÓ CUENTAS TRAS SANCIONES DE ESTADOS UNIDOS
El reporte del WSJ coincide con las medidas adoptadas por autoridades financieras mexicanas después de las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro estadounidense el 29 de septiembre.
Ese día, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 21 personas y 25 empresas y entidades que, según el Gobierno de Estados Unidos, estaban relacionadas con el liderazgo y redes de apoyo del Cártel de Sinaloa. Entre los señalados se encuentran personas a las que Washington identifica como operadores políticos, facilitadores financieros y presuntos funcionarios corruptos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó posteriormente que bloqueó cuentas de personas y empresas incluidas en las sanciones estadounidenses como una medida preventiva, luego de detectar transacciones financieras consideradas riesgosas e irregularidades reportadas por instituciones financieras.
Según el WSJ, las medidas mexicanas estuvieron relacionadas con las sanciones estadounidenses contra exfuncionarios y personas vinculadas con una presunta estructura de protección al Cártel de Sinaloa en Baja California.
EU SANCIONÓ A CARLOS TORRES, EXESPOSO DE MARINA DEL PILAR
Uno de los principales nombres incluidos en las sanciones estadounidenses fue Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
El Departamento del Tesoro lo identificó como un operador político vinculado con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, a quien las autoridades estadounidenses señalan como comandante de Los Rusos, una facción de Los Mayos, dentro del Cártel de Sinaloa.
Según el Tesoro estadounidense, Carlos Torres habría utilizado su influencia política para facilitar las actividades del grupo criminal y protegerlo de intervenciones de autoridades y fuerzas de seguridad en Baja California.
La dependencia también sostuvo que Torres habría recibido pagos mensuales relacionados con las operaciones del grupo en el estado y que habría mantenido una alianza con “El Ruso”.
Estas afirmaciones corresponden a los señalamientos formulados por el Gobierno estadounidense al imponer las sanciones y no constituyen por sí mismas una sentencia judicial.
El Departamento del Tesoro señaló que Carlos Torres y otras personas fueron designadas bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224 por presuntamente proporcionar o intentar proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico, así como bienes o servicios en respaldo del Cártel de Sinaloa.
HERMANO DE CARLOS TORRES TAMBIÉN FUE INCLUIDO EN LAS SANCIONES DE EU
La medida estadounidense también alcanzó a Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Torres.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Luis Torres habría sido responsable de recibir sobornos y lavar fondos presuntamente ilícitos mediante empresas y campañas políticas. La dependencia también lo señaló como una persona que habría proporcionado o intentado proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico al Cártel de Sinaloa.
Además, Estados Unidos incluyó en su lista a cinco empresas que, según OFAC, eran propiedad de Luis Torres, estaban bajo su control o actuaban directa o indirectamente en su nombre.
Entre ellas se encuentran Vida Orgánica Tijuana, Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante y Distribuidora y Comercializadora ATAF.
La publicación de las sanciones establece restricciones sobre los bienes e intereses en bienes de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses.
SHEINBAUM CUESTIONA POSTURA DE EU SOBRE NARCOTRÁFICO
El episodio descrito por The Wall Street Journal ocurre en un contexto de tensiones entre los gobiernos de México y Estados Unidos por las estrategias para combatir al narcotráfico y por los señalamientos de Washington contra integrantes o personas cercanas a Morena.
Según el diario, durante las últimas semanas Sheinbaum ha adoptado un tono más crítico hacia las acciones estadounidenses relacionadas con el combate al narcotráfico en territorio mexicano.
El reporte señala que la presidenta ha cuestionado las afirmaciones del Gobierno de Estados Unidos sobre la presencia y operación de los cárteles en México, al tiempo que ha defendido la soberanía nacional y la cooperación entre ambos países bajo condiciones que respeten la jurisdicción mexicana.
En un acto público realizado a finales de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, Sheinbaum afirmó: “Los mexicanos no queremos injerencias, intervencionismo ni violaciones a nuestra integridad territorial”.
El WSJ también señala que la presidenta ha enfrentado presiones tanto internas como externas para obtener resultados en materia de seguridad y combate a las organizaciones criminales, mientras funcionarios y figuras de Morena han sido objeto de acusaciones de corrupción.
LAS SANCIONES CONTRA BAJA CALIFORNIA FORMAN PARTE DE UNA INVESTIGACIÓN MÁS AMPLIA
El Departamento del Tesoro señaló que la estructura investigada en Baja California tendría como centro de operaciones la ciudad de Mexicali y estaría encabezada por “El Ruso”, quien, según Estados Unidos, mantiene control sobre esa zona mediante una combinación de violencia y corrupción.
La dependencia estadounidense afirmó que la influencia del grupo habría alcanzado niveles del gobierno estatal de Baja California.
Además de Carlos y Luis Torres, Estados Unidos sancionó a Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, a quien acusó de haber recibido sobornos a cambio de permitir que el Cártel de Sinaloa tuviera control sobre la Policía Municipal de Mexicali.
El Tesoro también señaló que Carlos Torres habría recibido pagos mensuales de Mendivil para permitir que el grupo criminal operara con relativa libertad en Baja California.
El paquete anunciado el 29 de septiembre incluyó en total 21 personas y 25 entidades, entre ellas integrantes del entorno de Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, así como líderes de células, presuntos lavadores de dinero y funcionarios mexicanos señalados por Estados Unidos.
SHEINBAUM TAMBIÉN HA CUESTIONADO OTRAS SANCIONES ESTADOUNIDENSES
El reporte del WSJ ubica el episodio de Palacio Nacional dentro de una serie de diferencias entre Sheinbaum y autoridades estadounidenses sobre acusaciones relacionadas con lavado de dinero y narcotráfico.
La presidenta había cuestionado anteriormente las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro contra tres instituciones financieras mexicanas señaladas por Estados Unidos por presuntas operaciones de lavado de dinero.
De acuerdo con el diario, Sheinbaum sostuvo que las autoridades mexicanas habían detectado irregularidades en algunas cuentas administradas por esas instituciones, pero que no habían encontrado pruebas que las vincularan con organizaciones criminales.
Las empresas señaladas negaron haber cometido irregularidades y la administración federal tomó el control de las tres instituciones durante el año pasado, de acuerdo con el reporte.
El WSJ también refiere la posición de Sheinbaum respecto al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, a quien Estados Unidos habría señalado por presuntamente ayudar al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y respaldo político.
La presidenta ha cuestionado la existencia de pruebas suficientes para sustentar esos señalamientos y rechazado la solicitud estadounidense de extradición, de acuerdo con el diario.
MARINA DEL PILAR SE DESLINDA DE LOS SEÑALAMIENTOS
En el caso de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda ha rechazado haber cometido algún delito y se ha deslindado de las acusaciones dirigidas contra su exesposo.
La gobernadora y Carlos Torres se separaron y posteriormente se divorciaron. De acuerdo con declaraciones de la mandataria citadas en el reporte, su relación actual con Torres se limita al interés por el bienestar de su hijo.
El Gobierno de Baja California también señaló que Ávila está legalmente divorciada de Torres y sostuvo que el único interés que ambos comparten es el bienestar de su hijo.
El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó en mayo de 2025 la visa de Carlos Torres. También revocó la visa de Marina del Pilar, aunque Washington no hizo público el motivo de esa decisión, según el WSJ.
Torres trabajó para el Gobierno de Baja California hasta junio de 2025. El Departamento del Tesoro sostiene que durante ese periodo habría recibido pagos para permitir que el Cártel de Sinaloa operara con relativa impunidad en el estado.
Carlos Torres no respondió a las solicitudes de comentarios referidas por el diario, mientras que no fue posible contactar a Luis Torres para conocer su postura.
