Millones públicos para exempleados del IFT desatan controversia

CDMX.- El ya extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó durante varios años una serie de prestaciones adicionales a las establecidas por la ley para sus servidores públicos, lo que implicó la utilización de millones de pesos de recursos públicos, según información del propio regulador y fuentes consultadas.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, estos beneficios fueron obtenidos por exempleados que ahora exigen indemnizaciones tras su salida del organismo, que fue desincorporado como parte de reformas a la regulación de telecomunicaciones.

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Una de las prestaciones consistía en un seguro de separación a través de la aseguradora MetLife para trabajadores que causaran baja en el IFT. En el periodo de 2015 a 2024, el regulador pagó 598 millones de pesos por este seguro, que proporcionaba seguridad económica a excolaboradores. Parte de esos pagos —entre 300 mil y 2.57 millones de pesos por persona— fue cubierto con recursos públicos, según las fuentes.

Además, durante ese mismo periodo el organismo destinó 242.4 millones de pesos para seguros de gastos médicos mayores para exempleados y sus familias, que les permitía atenderse en hospitales privados, de acuerdo con los registros consultados.

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Otras prestaciones superiores a la ley incluyeron becas para estudios de posgrado en instituciones privadas, para las cuales se asignaron 69.1 millones de pesos entre 2016 y 2024, así como un seguro de asistencia legal para defensa de los trabajadores, cuyo gasto alcanzó 116.1 millones de pesos en el mismo lapso.

El extinto IFT también otorgaba pagos mensuales de entre 5,916 y 7,500 pesos a comisionados, coordinadores ejecutivos, titulares de unidad, al secretario técnico del Pleno, coordinadores y directores generales, así como beneficios como guarderías privadas y exámenes médicos en laboratorios privados.

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Estas revelaciones ocurren en un contexto en el que un grupo de 133 exempleados del IFT ha expresado reclamaciones por indemnizaciones adicionales al finiquito que les fue otorgado, y han señalado que no han recibido aún los pagos correspondientes, situación que ha derivado en diversos reclamos y procedimientos legales ante autoridades competentes.

El caso refleja cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en beneficios laborales otorgados por organismos estatales que han sido objeto de reestructuración y extinción, y plantea debates sobre las obligaciones pendientes con trabajadores tras cambios administrativos en la gestión pública. Con información de Excélsior