Niña que dio a luz en Chiapas sale de peligro, informa Salud; padre del bebé tiene 17 años, afirma FGE

La Secretaría de Salud del Gobierno de México informó que la menor tzotzil que dio a luz en el Hospital de la Mujer en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se encuentra estable y fuera de peligro, “con evolución clínica favorable y bajo seguimiento médico continuo”.

En un comunicado, la dependencia precisó que la paciente presentó “una urgencia obstétrica que fue atendida de manera oportuna en unidades del sistema público de salud y se activaron de inmediato” los protocolos establecidos para la atención integral de emergencia obstétrica.

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Con la intervención médica especializada su estado respiratorio fue estabilizado y actualmente no presenta complicaciones que pongan en riesgo su vida respecto.

El recién nacido es un niño prematuro que permanece hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos neonatales, en estado crítico, donde recibe atención médica especializada y permanente.

Su condición, agregó, “es delicada”, de acuerdo con su edad gestacional de 34 semanas. El personal de salud está realizando todas las maniobras médicas necesarias para favorecer su evolución, “y pueda salir adelante”.

La Secretaría de Salud afirmó que el caso ha sido atendido conforme a los protocolos clínicos, normativos y de derechos humanos vigentes, y se garantiza en todo momento la atención médica, la confidencialidad y el interés superior de la niñez.

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FISCALÍA AFIRMA QUE PADRE TIENE 17 AÑOS

Este jueves, la Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que la menor de origen tzotzil de 13 años, que dio a luz en el Hospital de la Mujer en San Cristobal de las Casas, se encontraba estable y fuera de peligro, al igual que el neonato; a través de un breve comunicado publicado en redes sociales.

Tanto la madre como el recién nacido se encuentran estables y fuera de peligro, “luego de haber presentado complicaciones derivadas de un contagio de sarampión, lo que generó su traslado al Hospital de las Culturas”, indicó en un reporte oficial.

De manera preliminar, precisó que la madre de 13 años y el padre de 17 años cohabitan con el consentimiento de los padres de ambos; por otro lado, la Fiscalía de Justicia Indígena mantiene abierta la integración de la carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer los hechos conforme a la legislación vigente.

De acuerdo con los reportes preliminares, Deysi ‘N’ fue llevada inicialmente al Hospital de la Mujer por un joven de 18 años, quien se identificó ante el personal médico como su esposo. Sin embargo, tras la intervención de un trabajador social que denunció el caso ante la Fiscalía General del Estado, el sujeto desapareció del nosocomio sin dejar rastro, por lo que al momento no ha sido detenido.

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MARCO LEGAL CONTRA EL MATRIMONIO INFANTIL EN MÉXICO

En México, el matrimonio infantil está estrictamente prohibido desde las reformas al Código Civil Federal, que establecen los 18 años como edad mínima obligatoria. No existen excepciones legales para esta norma, y cualquier unión de este tipo es considerada nula y constitutiva de un posible delito de cohabitación forzada.

El Código Penal Federal estipula penas que van de los 8 a los 15 años de prisión para quienes faciliten, obliguen o promuevan el matrimonio de menores de edad. Además, estas sanciones pueden incrementarse significativamente si la víctima pertenece a alguna comunidad indígena o afromexicana, buscando proteger la integridad de los grupos más vulnerables.

Respecto al abuso sexual, los responsables pueden enfrentar condenas de hasta 20 años de cárcel. El sistema de salud mexicano tiene la obligación legal de notificar al Ministerio Público ante cualquier caso de embarazo en menores, ya que estos se presumen como resultado de violencia o actos ilícitos que deben ser perseguidos de oficio.

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ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN VIGENTES

Desde agosto de 2025, el Gobierno de México ha intensificado la vigilancia en 50 municipios con alta incidencia de embarazo infantil a través de una estrategia coordinada por la Secretaría de Gobernación. El objetivo es desmantelar las estructuras que permiten los matrimonios forzados y garantizar el acceso a la justicia para niñas y adolescentes.

Este programa enfoca sus esfuerzos en la prevención de la violencia sexual y el seguimiento de casos de deserción escolar vinculados a situaciones de riesgo en el hogar. La detección oportuna en hospitales es una pieza clave de esta red de protección, permitiendo que la Fiscalía actúe de manera inmediata cuando se vulneran los derechos de la infancia.

Mientras tanto, en Chiapas, el monitoreo médico de Deysi ‘N’ es constante. El caso ha reabierto el debate sobre la urgencia de erradicar usos y costumbres que atentan contra la salud y la vida de las niñas, recordando que el interés superior de la niñez debe prevalecer sobre cualquier acuerdo social o familiar.