PAN acusa a Claudia Sheinbaum de mantener “narcopacto” y convertir a México en narcoestado
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Jorge Romero, dirigente del partido, exigió a la presidenta romper la presunta alianza de Morena con el crimen organizado.
El Partido Acción Nacional (PAN) exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum romper un presunto “narcopacto” entre el Gobierno federal y los grupos del crimen organizado. El dirigente nacional del partido, Jorge Romero, afirmó que la actual administración ha permitido que México se convierta en un “narcoestado”.
El dirigente panista pidió a la mandataria “abrir los ojos” ante la crisis de inseguridad que enfrenta el país. Las declaraciones, difundidas a través de un reporte en sus redes sociales, responsabilizan directamente al partido Morena por mantener una presunta alianza con células delictivas.
PROPUESTAS PARA SANCIONAR LA COMPLICIDAD DE FUNCIONARIOS
El PAN propone castigos severos para políticos vinculados a la delincuencia organizada. A través de un comunicado oficial, el partido planteó impulsar reformas legales para aplicar cadena perpetua o prisión de por vida a cualquier servidor público o político al que se le compruebe complicidad, financiamiento o nexos con el crimen.
Las sanciones deben aplicarse como traición a la patria y sin distinción partidista, según sostuvo Jorge Romero. La dirigencia albiazul demandó que las investigaciones sobre narcopolítica se realicen de manera pareja, sin importar las siglas o el grupo político al que pertenezcan los acusados.
EXIGENCIA DE UN CAMBIO EN LA SEGURIDAD
El PAN exige la cancelación inmediata de políticas que permitan impunidad. La dirigencia nacional llamó a la Presidencia de la República a eliminar cualquier acuerdo tácito o tolerancia hacia los carteles de la droga en las distintas regiones del país.
Esta postura genera controversia debido a las sanciones previas del Instituto Nacional Electoral (INE). En meses recientes, la autoridad electoral ordenó al PAN retirar diversos mensajes en redes sociales que usaban términos como “narcopacto” o “narcopolíticos”, al considerar que podían constituir calumnia electoral sin que existieran sentencias judiciales previas. Pese a estos apercibimientos, la dirigencia opositora mantiene el tema como su principal bandera de crítica hacia el Gobierno federal.
