‘Que responda la Fiscalía’, dice Sheinbaum por caso Cabeza de Vaca
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El reciente movimiento político del PAN abrió un nuevo frente de confrontación entre fuerzas partidistas, mientras el gobierno federal fija una postura institucional ante los señalamientos
CDMX.- Luego de que el Partido Acción Nacional (PAN) designó al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, como su representante en la región de América del Norte, y tras la presentación de denuncias en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que corresponde a las autoridades ministeriales dar seguimiento al caso.
Al ser cuestionada sobre los señalamientos dirigidos al exmandatario estatal, la presidenta subrayó que cualquier asunto relacionado con presuntos delitos debe atenderse en las instancias de procuración de justicia, sin intervención del Ejecutivo federal.
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“Regrese lo robado al Instituto Nacional para Devolver al Pueblo, tiene que responder la Fiscalía. A ellos les corresponde”, expresó Sheinbaum, al marcar distancia del proceso y reiterar el respeto a la autonomía de las instituciones encargadas de la investigación y persecución de los delitos.
La postura de la mandataria se dio luego de que, a principios de diciembre, el PAN anunciara el nombramiento de García Cabeza de Vaca como su representante en América del Norte, una decisión que generó reacciones inmediatas en el ámbito político.
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De acuerdo con el partido blanquiazul, la designación tiene como objetivo reposicionar a la fuerza política entre la comunidad migrante, principalmente en Estados Unidos, así como fortalecer los vínculos comerciales y políticos de los mexicanos que residen en ese país y en Canadá.
Tras el anuncio, legisladoras y militantes de Morena hicieron públicas denuncias ante la FGR contra el exgobernador, retomando señalamientos previos por presuntas irregularidades durante su administración en Tamaulipas.
Desde el gobierno federal, Sheinbaum insistió en que el caso debe resolverse conforme a derecho y sin presiones políticas, al reiterar que las autoridades ministeriales son las responsables de determinar cualquier responsabilidad legal. Con información de El Universal
