Samuel García podría enfrentar penas de hasta 14 años de prisión por “reasumir” gobierno de Nuevo León
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Abogados penalistas y constitucionalistas advierten que el mandatario podría incurrir en delitos de usurpación de funciones públicas, ejercicio ilícito del servicio público, rebelión y sedición
El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, podría enfrentar penas de hasta 14 años de prisión por “reasumir” el cargo el pasado 29 de noviembre, a pesar de que el Congreso local le concedió una licencia hasta el 2 de junio de 2024.
Así lo advirtieron abogados penalistas y constitucionalistas, quienes coincidieron en que la decisión de García de regresar al gobierno es ilegal y podría acarrearle consecuencias graves.
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“Si Samuel García continúa realizando actos de gobierno, podría incurrir en los delitos de usurpación de funciones públicas, ejercicio ilícito del servicio público, rebelión y sedición”, señaló el abogado penalista Gabriel Regino.
El delito de usurpación de funciones públicas está previsto en el artículo 255 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, que señala que “comete el delito de usurpación de funciones públicas o de profesión, y uso indebido de condecoraciones o uniformes”, el que “sin ser servidor público, se atribuya ese carácter y ejerza algunas de las funciones de tal”.
La penalidad es la prisión por un mes o tres años y una multa de una a diez cuotas de la Unidad de Medida y Actualización vigente, es decir, de 103.74 a 1,037 pesos.
El delito de ejercicio ilícito del servicio público está previsto en el artículo 256 del mismo código, que señala que “comete el delito de ejercicio ilícito del servicio público, el servidor público que, sin autorización legal, desempeñe cargo, empleo o comisión públicos”.
La penalidad es la prisión de un mes a tres años y una multa de una a diez cuotas de la Unidad de Medida y Actualización vigente.
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El delito de rebelión está previsto en el artículo 110 del Código Penal Federal, que señala que “cometerá el delito de rebelión el que, en tiempo de paz, se levante en armas contra el gobierno de la Federación o de alguno de los Estados”.
La penalidad es la prisión de dos a catorce años y una multa de quinientos a dos mil días de salario.
El delito de sedición está previsto en el artículo 111 del mismo código, que señala que “cometerá el delito de sedición el que, en tiempo de paz, se altere el orden público, se promueva la insubordinación de la fuerza pública o se impida a las autoridades el ejercicio de sus funciones”.
La penalidad es la prisión de seis meses a cinco años y una multa de doscientos a mil días de salario.
Además de las penas de prisión, García podría ser separado definitivamente del cargo y consignado ante un juez de distrito, como dictan los precedentes del máximo tribunal.
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“Si los servidores públicos de Nuevo León no quieren tener problemas administrativos y jurídicos deberían ignorar a Samuel García hasta en tanto el Congreso o el Poder Judicial de la Federación no diga lo contrario”, advirtió el abogado constitucionalista Francisco Burgoa.
Sin embargo, el constitucionalista Jaime Cárdenas Gracia, exconsejero de la Judicatura de la Ciudad de México, consideró que García mantiene el cargo.
“Gobierna el gobernador que tiene la legitimidad democrática, el que fue votado por la mayoría de los ciudadanos, es decir, Samuel García”, dijo en declaraciones al periódico Reforma.
La situación legal de García es aún incierta, ya que el Congreso local ha iniciado un procedimiento de juicio político en su contra por “abandono del cargo”.
El proceso podría culminar con la destitución del gobernador.
Con información de medios y Reforma
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