Sedena: casi 80% de las armas incautadas desde 2024 provienen de Estados Unidos

CDMX.- El flujo de armas y municiones de alto poder hacia México volvió al centro del debate binacional luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reveló que casi la mitad de los cartuchos calibre .50 decomisados a cárteles desde 2012 se rastreó hasta una planta propiedad del gobierno de Estados Unidos. El dato, sin embargo, se inserta en una tendencia más amplia: cerca de 80% del armamento asegurado en México tiene origen estadounidense.

El titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, informó que se han asegurado alrededor de 137 mil cartuchos calibre .50 desde 2012 y que 47% provino de la Lake City Army Ammunition Plant, ubicada en las afueras de Kansas City, Misuri, considerada el mayor fabricante de munición de rifle usada por el Ejército de Estados Unidos.

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La cifra fue difundida tras una investigación conjunta del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y The New York Times, que documentó cómo acuerdos entre el Ejército estadounidense y contratistas privados han permitido que munición y componentes producidos en Lake City ingresen al mercado comercial y eventualmente sean desviados hacia redes de tráfico con destino a México.

En paralelo, Trevilla reportó que desde octubre de 2024, con el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, las autoridades han incautado 18 mil armas de fuego, de las cuales aproximadamente 78% provienen de Estados Unidos. Entre los decomisos destacan 215 fusiles Barrett calibre .50, además de lanzagranadas, lanzacohetes y ametralladoras.

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El calibre .50 —diseñado originalmente para penetrar blindajes y destruir vehículos ligeros— se ha convertido en un “cambio de juego” en los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos criminales. Se le atribuyen ataques contra convoyes militares, agresiones a instalaciones oficiales y episodios en los que el poder de fuego supera la protección disponible para policías y soldados.

La investigación periodística señala que en Estados Unidos la munición calibre .50 puede adquirirse legalmente en el mercado civil, pese a su asociación histórica con uso militar. Su presencia en tiendas físicas y plataformas en línea facilita el desvío hacia intermediarios y traficantes que operan en estados fronterizos.

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ICIJ y sus socios identificaron al menos 16 minoristas en línea que han vendido munición perforante fabricada en Lake City o con componentes provenientes de esa planta. El precio promedio por cartucho en el mercado estadounidense oscila entre 3 y 4 dólares, mientras que la demanda de los cárteles en México mantiene el incentivo del contrabando.

El Ejército de Estados Unidos no respondió de manera detallada sobre el uso de esa munición por parte del crimen organizado, aunque un vocero sostuvo que permitir ventas comerciales desde la planta ha generado ahorros estimados en 50 millones de dólares anuales para los contribuyentes estadounidenses.

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Los datos recuperados por los periodistas también muestran que, desde 2012, la ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) decomisó más de 40 mil cartuchos calibre .50 en estados fronterizos con México y que la munición de Lake City representó cerca de un tercio, por encima de cualquier otro fabricante.

Más allá del calibre .50, el patrón estructural es consistente. De acuerdo con estimaciones del gobierno mexicano y reportes de agencias estadounidenses, entre 70% y 80% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México pueden rastrearse a Estados Unidos. La cifra convierte al tráfico transfronterizo en uno de los principales factores de la violencia armada en el país.

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La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que su administración revisa los hallazgos para plantear el tema a Washington y exigir claridad sobre cómo armas y municiones —incluidas aquellas asociadas a instalaciones del gobierno estadounidense— cruzan la frontera hacia manos del crimen organizado.

En el discurso oficial, la mandataria ha insistido en que la cooperación bilateral debe ser simétrica: así como Estados Unidos presiona para frenar el tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo, México demanda acciones más efectivas contra el flujo de armas de alto poder.

El problema se agrava por el contraste normativo. México mantiene restricciones severas sobre la compra y posesión de armas de fuego. La vía legal se concentra en solo dos armerías administradas por la Sedena, ubicadas en Ciudad de México y Monterrey, con requisitos estrictos y controles de alta seguridad.

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Un reportaje reciente describe que los compradores deben presentar casi una decena de documentos —antecedentes penales, evaluaciones médicas y psicológicas, examen toxicológico, acreditación de domicilio y empleo, identificación oficial, entre otros— y que el trámite puede prolongarse durante meses. En la capital, alrededor de 125 personas acuden diariamente, mientras que en la sede de Monterrey el flujo es menor.

Aun con ese marco restrictivo, las armerías reportaron ventas cercanas a 16 mil armas y 20 millones de cartuchos en el último año, lo que refleja la demanda legal existente bajo controles oficiales.

En contraste, el mercado ilícito opera con menor fricción. El gobierno mexicano estima que cada año ingresan ilegalmente entre 200 mil y 500 mil armas desde Estados Unidos, mientras mediciones citadas en el reportaje calculan que existen alrededor de 20 millones de armas civiles en México (en su mayoría no registradas) frente a más de 400 millones en Estados Unidos.

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El frente judicial tampoco ha modificado sustancialmente el escenario. En junio de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos desechó por unanimidad la demanda mexicana contra fabricantes de armas, al considerar que las acusaciones no alcanzaban el estándar legal necesario para acreditar “complicidad” bajo la ley federal que protege a los productores. México mantiene otro litigio activo contra vendedores en Arizona.

Con las nuevas cifras sobre Lake City y el origen estadounidense de casi 80% de las armas aseguradas, el gobierno mexicano busca reforzar el argumento de que la violencia no puede entenderse sin el abastecimiento transfronterizo. Del lado estadounidense, el desafío pasa por cerrar grietas legales y comerciales que permiten que armas y municiones —incluso asociadas a infraestructura militar— terminen alimentando el poder de fuego del crimen organizado en México.

En ese cruce —mercado civil amplio, controles desiguales y frontera porosa— la discusión ya no es solo técnica, sino política: mientras México restringe la compra legal a través de un modelo centralizado y militarizado, la disponibilidad en Estados Unidos mantiene un flujo constante que, según las propias cifras oficiales, explica la mayor parte del armamento recuperado en manos del narco. Con información de The New York Times y Agencias