Respecto a la (casi segura) designación de Federico Fernández Montañez como nuevo fiscal General de Coahuila y las inquietudes que ha generado su salida de la posición que actualmente ocupa, nos aseguran que la Secretaría de Seguridad local forma parte de los acuerdos que garantizarán una relación tersa y cordial entre el Gobierno de Coahuila y la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, y dicho acuerdo es justamente lo que definió el movimiento de Fernández Montañez hacia la silla que ocupaba hasta hace unos días el lagunero Gerardo Márquez. Pero ¿de qué acuerdo estamos hablando?

II. ACUERDOS DE ALTO NIVEL

Fuentes al interior del Gobierno de la República aseguran que entre la elección de junio y la toma de posesión, uno de los asuntos que el entonces designado Omar García Harfuch se dedicó a cabildear con todos los gobiernos estatales fue el colocar, al frente de las secretarías de seguridad locales, a personas designadas desde el Gobierno Federal o, al menos, que contaran con el “visto bueno” de aquel. No falta mucho para saber si el rumor es cierto o se trata solamente de un “borrego” más.

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III. POBREZA FRANCISCANA

Y en las cuestiones de procuración de justicia andando, uno de los temas que deberá abordar de forma prioritaria quien llegue al relevo en la Fiscalía General es el relativo a los bajísimos salarios que perciben los ministerios públicos, es decir, los encargados de hacer la talacha. El dato sobre dichos salarios no está disponible al público por un extraño “acuerdo” de la administración anterior que reservó toda la información sobre el personal de la dependencia −acuerdo sobre el que el ICAI de Dulce Fuentes debería pronunciarse, por cierto−, pero según nos comentan no llega a 20 mil pesos mensuales en promedio.

IV. A VER SI LES AUMENTAN

Además del bajo salario, los ministerios públicos de Coahuila enfrentan cargas excesivas de trabajo. ¿Cómo puede esperarse que un servidor público asuma el compromiso que se requiere con la legalidad, el Estado de derecho y la honestidad en el servicio público si recibe un salario que roza los linderos de lo indigno? O, si se prefiere verlo desde otra perspectiva, ¿cómo pretendemos resolver el problema de corrupción en el sistema de justicia si los salarios están como están? Habrá que ver cómo se enfrenta la problemática.

V. DEL LADO EQUIVOCADO

Hace unos días dimos a conocer que 21 trabajadores de la Facultad de Jurisprudencia interpusieron una queja en contra de Héctor Moreno, secretario Administrativo de la misma, debido a malos tratos e inadecuado ambiente laboral. Pues resulta que la Defensoría de los Derechos Humanos suspendió a Moreno mientras dure la investigación, pero esto no le sentó bien a Alfonso Yáñez Arreola, que buscó operar para evitar la suspensión y presionar a los trabajadores para que retiraran su petición, bajo el argumento de que necesitaban a Moreno porque estaban en proceso de auditoría y además manchaba su imagen como director.

VI. DESPACHO EXTERNO

Yáñez no ha aprendido la lección, se fija más en el daño a su imagen que en el bienestar de sus trabajadores, poniéndose del lado del probable agresor. El caso es que Héctor Moreno, además de generar un pésimo ambiente laboral, no ha sido de mucha ayuda a la hora de responder a la auditoría que se sigue a la Facultad de Jurisprudencia. De hecho, no se explica el interés de Yáñez por evitar la suspensión, si ya hasta tuvo que contratar un despacho contable externo para responder a las observaciones por más de 17 millones de pesos.

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VII. CONTROL CHILANGO

La renovación de carteras clave en el consejo de Morena −presidencia, tesorería y secretarías de la Mujer y Juventud− ha desatado una intensa pugna interna que amenaza con fragmentar aún más al partido. En el centro de la controversia está Fernando Hernández, “el chilango”, actual secretario de Organización, quien busca colocar a su cuñada, la hermana de la diputada federal Cintia Cuevas, como tesorera del partido. Además, intenta posicionar a Patricia Contreras en la Secretaría de la Mujer. Estas maniobras han generado resistencia dentro del partido y se anticipan tensiones en el proceso.

VIII. AVIADORES EN MORENA

Detrás de las movidas políticas de Fernando Hernández se esconde el control de la estructura territorial (COTs), que recibe recursos para operar en colonias populares. El punto crítico: mantener sueldos mensuales de 7 mil pesos para esta estructura. La alarma dentro de Morena surge ante señalamientos de que dicha estructura sólo existe en papel, con presuntos “aviadores” en nómina, esquema que, según fuentes internas, permite a Hernández manejar discrecionalmente esos recursos, o mejor dicho, apropiárselos.

IX. VIRGILIO EN UN BACHE

Los números son contundentes: el 83.4 por ciento de los saltillenses identifica los baches como una problemática persistente, según la Encuesta de Seguridad Pública Urbana del Inegi. Este aumento del 10 por ciento en sólo un año revela no sólo el deterioro visible de las vialidades, sino también la aparente incapacidad de la gestión municipal para abordar un problema que crece sin control. Saltillo, superando la media nacional del 81.7 por ciento, se convierte en un caso urgente que exige un replanteamiento serio de sus políticas de mantenimiento. ¿Qué opina Virgilio Verduzco, director de Obras Públicas?