Trump y la encrucijada de Palacio

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum lució descolocado, pero no sorprendido, cuando muy temprano este viernes, mientras iniciaba la “mañanera”, el diario The New York Times reveló que el mandatario norteamericano Donald Trump había ordenado emprender acciones militares contra cárteles del crimen organizado en México, entre otros países. El amago representa una encrucijada para Palacio, cuya dimensión se irá develando en las próximas semanas.

Desde el 20 de enero, fecha en que inició su segunda presidencia, Trump emitió una orden al jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio, para formalizar la declaración de diversos cárteles, cinco de ellos mexicanos, como “organizaciones terroristas” y, textualmente, garantizar su “eliminación total”. Lo demás ha venido por añadidura, y sus consecuencias podrían hacer que parezca un día de campo el secuestro del icónico narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, en julio de 2024.

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El nuevo escenario acerca la posibilidad de acciones más espectaculares contra empresas y actores ligados al crimen organizado, entre ellos políticos, lo que abre un frente muy complejo para el oficialismo, colocado al centro de escándalos sucesivos de actores de alto nivel, lo mismo líderes parlamentarios que directivos aduaneros o funcionarios estatales. La urgencia de un mensaje de depuración en sus propias filas no dejará de crecer mientras no sea entendida y atendida.

“Lo veíamos venir”, confiaron funcionarios mexicanos en forma confidencial, al aludir a las ocasiones en que representantes de la Casa Blanca plantearon en privado la propuesta de ataques contra blancos criminales en territorio nacional, lo que ha sido rechazado por sus contrapartes mexicanas. Las fuentes consultadas no confirmaron ni desmintieron que tal pretensión haya sido reiterada por el embajador norteamericano, Ronald Johnson, al reunirse por tercera ocasión con la Presidenta, el pasado 25 de julio.

Según una regla básica de la diplomacia, Johnson debió haber advertido a su anfitriona la inminencia de la directriz de Trump. El no haberlo hecho supondría un agravio alentado por su cercanía con los sectores más duros de Washington, a la altura de la huella dejada durante su misión previa en El Salvador, donde se le atribuyó enorme influencia en la deriva autoritaria del mandatario Nayib Bukele.

Unos días después de aquella reunión con la presidente Sheinbaum, el 31 de julio, Johnson refirió en sus redes sociales informes del llamado “zar” estadounidense para la frontera, Thomas Homan, sobre una disminución en los decomisos de fentanilo que ingresa a Estados Unidos, lo que permitía, dijo el diplomático, que ambas naciones sean más seguras “gracias al presidente Trump y al liderazgo de la presidenta Sheinbaum”.

De acuerdo con información allegada a este espacio, el gobierno mexicano estudiaba este fin de semana eventuales acciones, en los campos diplomáticos y legales, ante la eventualidad de un operativo militar desde la nación vecina, por supuesto no en la forma de una “invasión”, sino mediante una “eliminación quirúrgica” de líderes criminales.

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En ambos lados de la frontera se reportaba que autoridades gubernamentales discutían el marco legal de una hipotética incursión de esta naturaleza –que podría o no ser reivindicada oficialmente–, pues la orden presidencial de Trump no refirió opinión alguna de la Oficina Legal del Departamento de Justicia o de los abogados del Pentágono o el Departamento de Estado. En Estados Unidos surgían ya reservas sobre el riesgo de que fuerzas militares norteamericanas emprendan en México –o en otras naciones mencionadas en la orden de Trump– operativos extraterritoriales sin el respaldo de una declaración de guerra por parte del Congreso.

La encrucijada del gobierno de la presidenta Sheinbaum estará radicada entre colocarse a la defensiva ante estos escenarios o tomar la iniciativa al dejar en claro los riesgos que supondría para la colaboración binacional, pero profundizando al mismo tiempo el combate a los criminales y sus cómplices, aun aquellos en el servicio público y la política.