Caso Colosio revive: cae exagente del CISEN señalado como segundo tirador

CDMX.- A 31 años del magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el caso volvió a los tribunales con la recaptura del exagente del CISEN, Jorge Antonio Sánchez Ortega, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como el supuesto segundo tirador. Un juez federal dictó auto de formal prisión en su contra por el delito de homicidio calificado cometido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas.

Para el abogado constitucionalista Pablo Andrei Zamudio Díaz, la reactivación del expediente permite al gobierno federal sostener la narrativa de que “la justicia sí llega”, aun cuando llegue tarde y con hechos debilitados por el paso del tiempo. “El problema real es que la justicia actual sigue sin operar”, advirtió.

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Zamudio subrayó que la FGR revivió la teoría del segundo tirador -descartada, retomada y nuevamente rechazada desde 1994- sin presentar pruebas nuevas, peritajes recientes ni evidencia técnica que justifique la resurrección de un caso marcado por irregularidades, omisiones y silencios oficiales. La decisión, dijo, revela una tendencia institucional: la justicia histórica avanza mientras la justicia del presente permanece estancada.

“El pasado se activa porque ya no incomoda; el presente se aplaza porque sí tiene efectos reales”, señaló. El abogado ironizó que, con estos criterios, “no sería extraño que pronto se hablara de ‘nuevas pistas’ incluso en crímenes de hace un siglo”, como el asesinato de Francisco Villa en 1923.

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El especialista contrastó la reapertura del caso Colosio con expedientes urgentes, entre ellos el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, donde la información oficial sigue fragmentada y sin avances sustantivos. Recordó que miles de homicidios y desapariciones recientes continúan sin esclarecimiento, mientras se celebran como logros procesos reactivados de décadas pasadas.

A más de tres décadas del crimen, Zamudio señaló que toda reconstrucción pericial es precaria y buena parte de la evidencia se encuentra deteriorada, lo que reduce la fiabilidad de testimonios y elementos técnicos. Por ello, dijo, la reapertura abre más preguntas que respuestas y responde más a objetivos narrativos que jurídicos: “mostrar acción donde ya no existe riesgo político”.

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Por su parte, el abogado penalista Adrián Arellano, profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM, afirmó que la reapertura, aun después de tanto tiempo, demuestra que los efectos procesales de un crimen pueden prolongarse, pero insistió en la necesidad de vigilar que no se vulneren derechos ni garantías. “Tocará demostrar la vinculación de Sánchez Ortega con los disparos de aquel 23 de marzo de 1994”, señaló. Con información de El Universal