FGR iniciará investigación contra Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa... si hay pruebas

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que habrá una investigación para determinar si hay datos de prueba que sostengan la acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, luego de los señalamientos por vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En un mensaje a medios, Ulises Lara López, vocero de la FGR, respondió que se analizará la investigación recibida del Departamento de Estado de EU con la finalidad de ver si existen los elementos probatorios necesarios para detener y extraditar al vecino país del norte al mandatario estatal morenista y los jefes policiacos señalados.

“Esta Fiscalía General de la República iniciará una investigación para llegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión“, puntualizó el representante de la FGR.

Lara López anunció que la FGR empezará paralelamente una investigación para verificar que la investigación del Departamento de Justicia y de la DEA esté sustentada para solicitar la detención.

PERO ÚNICAMENTE SUCEDERÁ SI EXISTEN PRUEBAS

Por lo que la extradición de Rubén Rocha Moya, junto a nueve funcionarios de alto rango en el Gobierno de Sinaloa únicamente sucederá si existen las prueba suficientes en el marco de las leyes mexicanas; agregando que la solicitud actual “no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados”.

Dijo que la ley mexicana en la materia, señala que para una orden de aprehensión se deben presentar pruebas.

”Como es del conocimiento público, la legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito”.

Indicó que el Tratado Bilateral en la materia refiere, con toda precisión, que solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes, conforme a las leyes de la parte requerida, en este caso de nuestro país.

La revisión de los documentos estará a cargo de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales de la FGR, ya que la legislación de México refiere que en el caso de gobernadores y senadores se requiere iniciar un juicio de procedencia para obtener una declaratoria que retire la inmunidad procesal a las personas servidoras públicas que ostentan dichos cargos.

FGR LA ENCARGADA DEL CASO, INFORMÓ SRE

Previamente la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el pasado 28 de abril a las 18:00 horas fueron recibidas solicitudes de extradición para diversos individuos y emitidas por Estados Unidos; sin embargo, estas no contaban con pruebas necesarias para el proceso de detención con objetivo de envío al país vecino, según el marco del Tratado de Extradición bilateral.

Por lo que designó que la FGR será la institución que determinará si hay elementos probatorios para que proceda la extradición. De esta manera, se determinará si las acusaciones cumplen con el sistema jurídico mexicano.

El comunicado concluye con que ‘en los tratados vigentes hay provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información, por esta razón se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer.’

LOS FUNCIONARIOS ACUSADOS POR ESTADOS UNIDOS

Junto al mandatario estatal Rubén Rocha Moya, ‘Los Chapitos’ lograron colocar y mantener a diversos funcionarios corruptos en puesto estratégico para el Gobierno de Sinaloa, así como las fuerzas de seguridad estatal con el fin de proteger operaciones de narcotráfico.

- Rubén Rocha Moya (Gobernador de Sinaloa):

Cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, de 76 años y originario de Badiraguato -cuna de ‘El Chapo’-, Rubén Rocha Moya es el mandatario estatal de uno de los territorios más violentos de México asociado a la izquierda de México desde 2021.

Fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa del 1993 al 1997; así como diputado local y candidato a gobernador en tres ocasiones, todas ellas bajo alianzas de partidos de izquierdas vinculados al liderazgo a nivel nacional del expresidente de 2018 a 2024.

Previo a llegar al Gobierno de Sinaloa, fue senador por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ del autodenominado movimiento político Cuarta Transformación (4T).

Es señalado de permitir la operación del Cártel de Sinaloa a cambio de apoyo electoral, a través de múltiples reuniones con los líderes de la facción Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán) para prometerles protección; además de presuntamente permitir que ‘Los Chapitos’ operaran con impunidad total en el estado, aunado a permitir que el cártel colocara a otros funcionarios corruptos en puestos estratégicos del gobierno y agencias de seguridad.

Enfrenta cargos de conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Por dichas acusaciones podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua o el mínimo obligatorio de 40 años de prisión, de acuerdo al Departamento de Justicia Estadounidense.

- Enrique Inzunza Cázarez (Senador por Morena y ex Secretario General de Gobierno):

Al actual senador morenista y exsecretario general de Sinaloa de 53 años, EU lo señala de reunirse con líderes del cártel para acordar planes específicos de apoyo gubernamental; así como ayudó a ‘Los Chapitos’ a posicionar a funcionarios alineados con sus intereses y actuó como un enlace clave entre el gobierno y la organización criminal.

Enfrenta los cargos de conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Podría enfrentar una pena de cadena perpetua o el mínimo obligatorio de 40 años de prisión.

- Juan de Dios Gámez Mendívil (Alcalde de Culiacán):

Al alcalde de Culiacán se le acusa de recibir sobornos mensuales superiores a los 10 mil dólares (175 mil dólares) para permitir que ‘Los Chapitos’ operaran en la capital sinaloense sin interferencia gubernamental, protegiendo tanto a sus miembros como sus cargamentos.

Es señalado de conspiración de importación de estupefacientes; Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos por los que Estado Unidos busca imponer una cadena perpetua o el mínimo obligatorio de 40 años de prisión.

- Enrique Díaz Vega (Exsecretario de Administración y Finanzas):

El también empresario es señalado de proporcionar al Cártel de Sinaloa una lista de nombres domicilios de los oponentes políticos de Rocha Moya para que pudieran ser intimidados o secuestrados antes de las elecciones de 2021, así como facilitó la designación de funcionarios corruptos para proteger las operaciones de tráfico de drogas.

El exfuncionario es señalado de conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

La pena que podría enfrentar es cadena perpetua o un mínimo obligatorio de 40 años de prisión.

- Dámaso Castro Zaavedra (Fiscal general adjunto de la Fiscalía General del Estado):

El comunicado de EU puntualiza que recibía sobornos mensuales de aproximadamente 11 mil dólares (192 mil pesos aproximadamente), a cambio, protegía a miembros de la facción de ser arrestados y les filtraba información confidencial sobre operativos policiales y de la DEA.

Es señalado por Estados Unidos de conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como de conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Por dichos delitos el funcionario podría enfrentar cadena perpetua o el mínimo obligatorio de 40 años de prisión.

- Marco Antonio Almanza Avilés (Exjefe de la Policía de Investigación de la FGE):

Recibía sobornos de 16 mil dólares mensuales (280 mil pesos) y permitía el libre tránsito de precursores químicos para fentanilo y ejecutaba órdenes de aprehensión exclusivamente contra los enemigos del cártel por encargo de ‘Los Chapitos’.

Actualmente acusado de conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como el delito de conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos por lo que Estados Unidos afirma que podría enfrentar cadena perpetua o en su caso 40 años de prisión.

- Alberto Jorge Contreras Núñez, alias ‘El Cholo’ (Exjefe de la Policía de Investigación):

EU explica que fue nombrado en el cargo con la aprobación explícita de ‘Los Chapitos’ y continuó el esquema de sobornos de su predecesor, ordenando la liberación de miembros del cártel detenidos y colaborando en la localización y asesinato de rivales.

Los delitos que enfrenta en EU son conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Por dichos delitos se busca una condena de cadena perpetua o el mínimo de 40 años de prisión.

- Gerardo Mérida Sánchez (Exsecretario de Seguridad Pública):

Recibía más de 100 mil dólares mensuales (1.7 millones de pesos) en sobornos; se le acusa de dar avisos anticipados sobre redadas en laboratorios de drogas (al menos 10 ocasiones documentadas), lo que permitía al cártel evacuar personal y producto antes de que llegara la policía.

Es señalado de conspiración de importación de estupefacientes; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Estados Unidos busca una condena de cadena perpetua o el mínimo obligatorio de 40 años de prisión.

- José Antonio Dionisio Hipólito, alias ‘Tornado’ (Ex subdirector de la Policía Estatal):

A través de sobornos de seis mil dólares mensuales (105 mil pesos), colocaba a agentes en la nómina del cártel en puestos de mando, vendía municiones a la organización y alteraba documentos oficiales para ocultar que los detenidos portaban armas.

El exfuncionario enfrenta cargos de conspiración de importación de estupefacientes; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos por lo que podría enfrentar una pena de cadena perpetua o en su caso 40 años de prisión.

- Juan Valenzuela Millán, alias ‘Juanito’ (Excomandante de la Policía Municipal de Culiacán):

Quien también recibía 41 mil dólares mensuales (719 mil pesos) para repartirlo entre él y los agentes bajo su mando, otorgaba acceso total a recursos policiales (patrullas y radios) para traficar droga y participó directamente en el secuestro y asesinato de la fuente confidencial de la DEA Alexander Meza León y su familia, entre los que se encontraba un niño de 13 años, en 2023.

Estados Unidos lo señaló de los delitos de conspiración de importación de estupefacientes; Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos; Secuestro que resulta en la muerte; Conspiración para cometer secuestros que resultan en la muerte.

Por dichos cargos el excomandante de alto nivel de Sinaloa enfrentará una sentencia obligatoria de cadena perpetua.