Liberan de arresto domiciliario a Brenda Quevedo, implicada en el caso Wallace

CDMX.- El resguardo domiciliario, el brazalete electrónico y la custodia permanente de la Guardia Nacional fueron retirados a Brenda Quevedo Cruz, procesada por el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, luego de que un juez federal modificó las medidas cautelares que enfrentaba desde junio de 2024.

Tras una audiencia de más de 12 horas, el Primer Juzgado de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México determinó que Quevedo podrá continuar el proceso en libertad, aunque deberá mantener la prohibición de acercarse o comunicarse con la parte acusadora, no podrá salir del país sin autorización judicial y tendrá que presentarse a firmar cada cuatro meses ante la Unidad de Medidas Cautelares.

La audiencia derivó de dos solicitudes independientes, una promovida por la asesoría jurídica y otra por la defensa, para revisar la necesidad de mantener las restricciones impuestas hace dos años, explicó Simón Hernández, integrante del equipo de abogados de Quevedo.

“El juez resolvió retirarle el resguardo domiciliario y el dispositivo electrónico. Consideró que ya era innecesario mantenerla bajo monitoreo y custodia de la Guardia Nacional porque durante estos dos años tuvo una conducta de cumplimiento de las medidas y ahora tiene un arraigo que no tenía cuando fueron impuestas”, dijo a Grupo Reforma el litigante.

NO SE ACREDITÓ RIESGO PARA LA PARTE ACUSADORA

Según Hernández, el juzgador estimó que las medidas que permanecen vigentes son suficientes para garantizar la comparecencia de Quevedo al proceso y que tampoco se acreditó un riesgo para la parte acusadora.

Desde junio, la representación jurídica de Quevedo está integrada por CEA Justicia; la Clínica Jurídica “Minerva Calderón” de la IBERO Puebla; la Clínica de Litigio Penal en Contra de Violaciones Graves del ITAM; el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social; el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); Perteneces y la Red de Abogadas “Digna Ochoa”.

Hernández sostuvo que la resolución es relevante porque el proceso continúa bajo el principio de presunción de inocencia y las medidas cautelares deben ser excepcionales.

“En un proceso donde ha habido un encarcelamiento tan prolongado, esas medidas dejan de ser cautelares y empiezan a convertirse en sanciones. Como el juicio todavía seguirá por los recursos e impugnaciones pendientes, era importante revisar si seguían siendo necesarias”, afirmó.

El abogado añadió que, en los casi 18 años que lleva el proceso, sólo en una ocasión se habían revisado las medidas cautelares y criticó que anteriormente el juzgado hubiera rechazado solicitudes para revalorar la necesidad de mantenerlas.

FUE EXTRADITADA A MÉXICO EN 2009

Quevedo fue detenida el 28 de noviembre de 2007 en Kentucky, Estados Unidos, y extraditada a México en 2009.

Desde entonces permanecía sujeta a proceso por su presunta participación en el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, ocurrido en julio de 2005.

Isabel Miranda de Wallace, madre de la víctima, la señaló como una de las personas involucradas en el plagio y homicidio de su hijo.

La defensa de Quevedo ha sostenido que durante el proceso se cometieron violaciones al debido proceso y que la acusada fue víctima de tortura, además de cuestionar las pruebas utilizadas en su contra.

La resolución sobre sus medidas cautelares se produjo dos semanas después de que el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) suspendiera por tres meses a Carlos Alberto Rico Mondragón, Juez Primero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México.

El juzgador fue separado temporalmente mientras se investiga una posible irregularidad relacionada precisamente con una solicitud de Quevedo para recibir atención médica.

Según fuentes judiciales consultadas por Grupo Reforma, Quevedo aparentemente había solicitado desde el 3 de marzo autorización para ser trasladada a un hospital privado, pero Rico Mondragón no lo permitió y únicamente autorizó su atención en un nosocomio.