Ordenan liberar a ex rector de la UAEMOR ligado a Estafa Maestra

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México
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Magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación de Toluca revocaron su vinculación a proceso dictada por delincuencia organizada

CDMX.- Un tribunal federal ordenó liberar del Penal del Altiplano a Alejandro Vera Jiménez, ex Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMOR), tras echar abajo su proceso por el delito de delincuencia organizada, relacionado con un supuesto lavado de 77.8 millones en la Estafa Maestra.

Por unanimidad, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación de Toluca revocaron la vinculación a proceso dictada al ex rector por delincuencia organizada, con la finalidad de cometer el delito de lavado de dinero.

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El colegiado concluyó que la Fiscalía General de la República (FGR) no ofreció datos de prueba para afirmar que el imputado era parte de una organización criminal o que estuviera relacionado con un convenio supuestamente delictivo, suscrito entre la UAEM y la desaparecida Sedesol, para desviar y dispersar recursos públicos.

REVELAN CONDUCTAS ILÍCITAS

Al mismo tiempo, puntualizó que no puede afirmarse que Vera se convirtió en un miembro del crimen organizado por el simple hecho de suscribir un convenio institucional, en el que además no hay evidencia de su participación.

“Aún cuando los hechos expuestos por la fiscalía sí revelan posibles conductas ilícitas atribuibles a diversas personas servidoras públicas y particulares, no existe dato de prueba suficiente que permita sostener, respecto de Jesús Alejandro Vera Jiménez, su probable intervención en la comisión de esas conductas”, sentenció el colegiado.

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“Quedó evidenciado que al imputado se le atribuye el hecho de que en su carácter de Rector de la UAEMOR al no haber realizado la evaluación pertinente, aprobó la suscripción del Convenio de Coordinación; sin embargo, resulta ilógico afirmar que con dicha conducta integró una organización de hecho de 3 o más personas (máxime que no existe un solo dato de prueba que evidencie que siquiera intervino en la realización del convenio ya mencionado), pues se trata de la máxima autoridad de un organismo estatal”.

RECLUSIÓN CONCLUIRÁ EN LAS PRÓXIMAS HORAS

Vera fue detenido por la FGR el pasado 7 de noviembre en Cuautla, Morelos, e internado en el Penal del Altiplano. En las próximas horas concluirá su reclusión de poco más de seis meses.

El 13 de noviembre Guillermina Matías Garduño, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, procesó a Vera sólo por delincuencia organizada y le dictó la no vinculación por lavado.

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De acuerdo con la sentencia, la defensa encabezada por Julio Hernández Barros, apeló el fallo y argumentó que la juzgadora omitió tomar en cuenta que Vera nunca suscribió el convenio en que se basa la imputación y tampoco estaba dentro de sus funciones supervisar al personal para cumplir con dicho contrato.

El tribunal le dio la razón porque, en su opinión, la imputación carecía de datos objetivos para acreditar cómo ese contrato “incidió causalmente en la subcontratación, simulación, liberación o dispersión de los recursos”.

CONVENIO FUE SUSCRITO EN 2014

El convenio cuestionado fue suscrito el 1 de septiembre de 2014 y por su conducto la Sedesol pagó a la UAEMOR 77 millones 847 mil 14.40 pesos para aplicar 6 millones 700 mil encuestas de evaluación a los programas sociales, de las que hay evidencia de que sólo se aplicaron el 15 por ciento.

El objetivo era recolectar la opinión de beneficiarios sobre la atención brindada por el personal de la Sedesol y si fue oportuna la entrega de los apoyos en los estados de Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Estado de México y Veracruz.

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La FGR sostuvo que funcionarios y “factureros” integraron una organización criminal a partir de ese contrato para desviar y lavar los recursos pagados por la secretaría.

La UAEMOR subcontrató a Grupo Industrial y Servicios Yafed, S.A. de C.V., la cual trianguló 66 millones 170 mil pesos a la empresa Esger Servicios y Construcciones, mientras que 6 millones de pesos se transfirieron a Inmobiliaria Feyray, empresa que en el 2017 el SAT declaró como “facturera”.

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