Pretende ahora ir INE por compras en OPLES
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Exhibió documentos en los que la UTSI les advierte que el INE tiene atribuciones, “porque es una actividad de seguimiento”
La Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI) del INE advirtió a los institutos electorales locales que sus proveedores para temas tecnológicos o de ciberseguridad tendrán que ser aprobados o recomendados por esta área.
El coordinador general de esa Unidad es José Alberto Pérez de Acha, uno de los funcionarios de primer nivel que asistía a las fiestas organizadas por el proveedor de materiales electorales del INE, José Alfredo Hernández Casillas, y encabezadas por la presidenta Guadalupe Taddei.
El viernes, en una reunión privada de las comisiones unidas de Organización y Capacitación del INE, a la que asistieron asesores de consejeros y representantes de partidos políticos, una asesora del consejero Uuc-Kib Espadas alertó que el INE, a través de esa Unidad, pretendía invadir las facultades de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).
Exhibió documentos en los que la UTSI les advierte que el INE tiene atribuciones, “porque es una actividad de seguimiento”, para evaluar una empresa, otorgarle o negarle una autorización, condicionarle o revocarle u ordenar su sustitución.
“Todo eso viene en el documento que se envió a los OPL (Organismos Públicos Locales). Son actos sobre la contratación misma, y esa contratación es competencia exclusiva de los OPLES conforme a su propia normativa”, advirtió la asesora durante la sesión virtual. En junio de 2027, además de la renovación de la Cámara de Diputados, en las 32 entidades habrá elecciones, ya sea de Gobernadores, Alcaldes o Congresos.
A partir de noviembre, tanto el INE como los OPLES arrancarán procesos de licitación y contrataciones millonarias.
La Unidad Técnica de Servicios de Informática estableció los costos de cada servicio, si lo contrata directamente el INE con empresas seleccionadas.
Por ejemplo, el PREP le costaría a cada estado alrededor de 10 millones 197 mil pesos; un sistema para los capacitadores y supervisores electorales, 8 millones 643 mil pesos, y el sistema para el voto de mexicanos en el extranjero, 5 millones 481.
La asesora del consejero Uuc-Kib aseguró que también era preocupante que la Unidad pretenda ordenar una obligación de tal magnitud, sin pasar por el Consejo General.
El coordinador de la UTSI es José Alberto Pérez de Acha, asiduo funcionario que asiste a las fiestas de Hernández.
Ingresó al INE a principios de 2025, justo cuando la relación entre Taddei y su proveedor estaba en su apogeo, y la sonorense palomeó el ingreso de cercanos a su “amigo”.
Desde hace meses, fuentes del organismo electoral relataron que en 2025, cuando 11 estados tuvieron elección judicial, la presidencia del INE “sugería” a OPLES contratar a ciertas empresas, algunas de ellas recomendadas por Hernández. La historia parece repetirse.
El viernes, durante la reunión, se exigió al coordinador entregar un informe sobre el fundamento legal o reglamentos para asumir el control de las contrataciones de los institutos estatales.
También se le pidió a Pérez de Acha detallar a cuántos OPLES envió dichos oficios, y cuántos ya respondieron a sus solicitudes “de autorización de proveedores” o recomendaciones que hizo la Unidad.
Incluso, la asesora de Espadas pidió explicar por qué régimen de responsabilidades la Unidad busca aplicar si un proveedor autorizado por ella incumple o presenta fallas, o cuáles serían las responsabilidades del INE y del OPLE por los errores de las compañías.
Funcionarios informaron que esto provocó el enojo de representantes de partidos, quienes aseguraron que ante la crisis de credibilidad del INE, por relaciones dudosas con proveedores, una decisión así traerá consecuencias negativas, por lo que esa “orden” debía revalorarse. Pese a que exigieron a Pérez de Acha una explicación, éste se limitó a decir que “revisaría” y ampliaría su informe.
Los partidos y asesores insistieron, por lo que el coordinador de la UTSI pidió a dos funcionarios que lo acompañaron responder.
Uno de ellos confirmó que “efectivamente” sí se había remitido dicho documento a los OPLES, pero no era una decisión nueva, pues también se hizo en el proceso electoral de 2018.
Un tanto nervioso, apuntó que el documento se “construyó con toda la información que está en las normas”.
Por ejemplo, justificó que el reglamento, sin detallar cuál, indica que en la coordinación con OPLES deben existir “bases mínimas” para tener el mismo proceso técnico operativo.
“Que es lo que se hizo en su momento, trasladar esas fases mínimas como una situación de obligatoriedad a estos”, dijo.
