La diapositiva

Cuando uno trabaja con niños y niñas de primaria en formación ciudadana hay un ejercicio que nunca falla: se les pide separar en dos columnas lo que es un hecho y lo que es una opinión. Lo resuelven en veinte minutos, discuten los casos difíciles y no se ofenden. Después viene la parte que sí les cuesta, la regla que hay que repetirles todo el ciclo escolar: señalar con el dedo no es un argumento. A los nueve años se entiende. Con esfuerzo, pero se entiende.

El miércoles, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la Consejera Jurídica del Ejecutivo proyectó una diapositiva con nombres. Periodistas: Carlos Loret de Mola, Héctor de Mauleón, Ciro Gómez Leyva, Lourdes Mendoza. Medios: El Universal, Reforma, Aristegui Noticias, ADN 40, Latinus. Organizaciones civiles. Políticos de oposición. El material se presentó como el análisis de un “ecosistema de amplificación digital” que, según el gobierno, empuja artificialmente los contenidos críticos hasta hacerlos parecer conversación espontánea.

Al día siguiente, ante las reacciones, la funcionaria aclaró que no se trataba de ninguna lista negra: que lo presentado fue un estudio sobre cómo opera la amplificación artificial y quiénes aparecen en ella.

Le tomo la palabra. Y precisamente por eso el ejercicio no se sostiene.

La mejor explicación en contra de esa diapositiva es la explicación oficial. La Consejera dijo que una noticia, una opinión o una publicación emitida por un periodista o un medio no significa que esa persona forme parte de operación alguna; que lo relevante ocurre después, cuando cuentas anónimas retoman el contenido y lo conectan con una narrativa coordinada.

Si eso es cierto —y suena razonable—, entonces los nombres de la primera capa son irrelevantes para el análisis. Para mapear una red de cuentas automatizadas no se necesita proyectar la cara de nadie ni el logotipo de ningún periódico. El objeto de estudio, según la propia definición del gobierno, está en otra parte.

Se proyectaron de todos modos.

Un estudio que no requiere nombres pero los exhibe ya no está estudiando. Está avisando.

Lo anterior sería una discusión metodológica si el ejercicio viniera de una universidad, de un centro de datos o de una organización civil. Vendría acompañado de su metodología, se discutiría entre pares y ahí quedaría.

No fue el caso. Lo presentó la abogada del gobierno, en la casa del gobierno, mostrando quién habla mal del gobierno. Esa asimetría no es un detalle de forma: es todo el asunto. La oficina que puede litigar contra usted es la que sostiene el apuntador.

Y “no son listas negras” es una afirmación sobre la intención. El efecto no depende de la intención. Basta preguntarle a cualquiera de los nombrados si se sintió estudiado o se sintió marcado.

Que el gobierno responda a sus críticos es legítimo; para eso existe el derecho de réplica y ojalá se ejerciera más y mejor. Catalogarlos es otra cosa. Responder es discutir. Enlistar es archivar.

Los que aparecieron en la pantalla tienen abogados, audiencia y micrófono propio. Van a estar bien. El mensaje no era para ellos.

El que sí lo recibe completo es el maestro de secundaria con trescientos seguidores que compartió una nota incómoda y esta semana se preguntó, aunque sea un segundo, si su cuenta cabe en alguna de esas capas. La enfermera que comentó algo sobre su clínica. La señora que subió el video del bache. Ninguno tiene con qué defenderse de una diapositiva presidencial, y ninguno la necesita: son personas legítimas emitiendo opiniones.

Ese es el costo real, y no es la censura. Es la autocensura de quien no tiene poder. En una democracia, opinar no obliga a justificarse; la carga de la prueba es de quien pretende catalogar la palabra, nunca de quien la ejerce.

Hay además un argumento que no caduca con el sexenio. Una lista de críticos elaborada desde la oficina jurídica de la Presidencia no es un discurso: es un instrumento. Y los instrumentos se heredan. Quien hoy la aplaude porque le tocó del lado cómodo la va a padecer cuando cambie el turno. Siempre cambia el turno.

Hay una coincidencia de calendario que conviene no desperdiciar. El próximo viernes 21 de agosto, a las 11:59 de la noche, cierra la consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, la norma que regirá las obligaciones de radio y televisión frente a quienes los vemos y escuchamos. Está abierta portal.crt.gob.mx/consultapublica y cualquiera puede escribir ahí.

El documento oficial dice que reconoce a las audiencias como sujetos activos de la comunicación y no como simples receptoras de contenidos. Es una promesa verificable. Hasta ahora han participado poco más de dos mil personas en un país de ciento treinta millones.

A los niños les enseñamos que ser ciudadano no es opinar fuerte, sino aparecerse donde se está tomando la decisión. La versión adulta del ejercicio está abierta seis días más. Y a quien insinúa que su nombre puede terminar en una diapositiva, la mejor respuesta disponible es escribir usted misma su nombre, voluntariamente, donde todavía cuenta.