El rastro de la visa perdida de ‘Andy’

Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, el segundo de los hijos del expresidente López Obrador, entró formalmente bajo la lupa de las autoridades de Estados Unidos a finales de julio de 2025, al regreso de su polémico viaje a Japón.

López Beltrán hizo escala en el aeropuerto de Atlanta. Reportes no confirmados aseguran que fue objeto de un interrogatorio sobre sus negocios en México, y que recibió una invitación para una charla futura, más amplia y formal, en las oficinas centrales del FBI en Dallas. Reanudó su vuelo a la capital mexicana. No existen informes de que haya vuelto a pisar territorio norteamericano. El jueves último anunció que su visa fue cancelada, y publicó una airada carta dirigida al presidente Donald Trump.

De acuerdo con fuentes familiarizadas con este caso, agencias de seguridad de la Unión Americana han colocado a López Beltrán –quien el viernes 21 próximo cumplirá 40 años– dentro de indagatorias sobre políticos y empresarios mexicanos a los que se les atribuye haber colaborado con organizaciones del crimen organizado, en particular el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Específicamente, se investigan sus nexos con operaciones de huachicol fiscal orquestado por dos empresas –una nacional y otra radicada en Texas–.

La calidad de sujeto de interés de López Beltrán para la justicia norteamericana se deriva de sus presuntas ligas con un grupo de empresas en las que aparentemente encabeza el polémico Jorge Amílcar Olán Aparicio, cuya ubicación se desconoce. Él creó empresas que florecieron desde 2018, con el inicio de la administración López Obrador, desde las cuales obtuvo contratos públicos por miles de millones de pesos.

Olán Aparicio fue durante su adolescencia parte del círculo de amistades de los hermanos Andrés Manuel y Gonzalo “Bobby” López Beltrán. Antes de 2018, Jorge Amílcar se dedicaba a la venta de muebles de baño, azulejos y construcciones menores. Al arranque del sexenio cambió apresuradamente el objeto social de su empresa “Poyango”, dedicada a la ferretería, y la rebautizó como “Romédic”. En los siguientes años vendió al menos mil millones de pesos al IMSS Bienestar y al INSABI, en su momento dirigido por el tabasqueño Alejandro Calderón Alipi, otro viejo amigo de los López Beltrán.

Animado por su éxito, él y socios establecieron “Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis”, con Jorge Amílcar como accionista en 90%. En agosto de 2024, el grupo decidió “pensar en grande” y fundó “Portacelis Gas and Oil”, que se dedicaría a la importación de combustibles, en particular diésel.

Sus directivos, sin mayor trayectoria profesional, cambiaron en forma incesante, y ninguno mostró nunca experiencia en el campo energético. Los reportes indican que, pese a todo ello, presumiblemente gracias a las gestiones de López Beltrán, lograron obtener un permiso de importadores –inalcanzable para otras empresas del ramo–, otorgado por la Secretaría de Energía, que había estado a cargo de Rocío Nahle, pero que en ese momento era dirigida por Miguel Ángel Maciel Torres, un petrolero jubilado al que se le atribuyó seguir bajo la égida de la ahora gobernadora morenista de Veracruz.

Las investigaciones estiman que en febrero de 2025, seis meses después de creada, “Portacelis Gas and Oil” introdujo a México su primer cargamento de huachicol fiscal. Lo hizo en alianza con la empresa texana “Ikon Midstream”. Como ha documentado el periodista Raúl Olmos, los destinatarios finales de las operaciones de esta compañía eran grupos ligados al CJNG. Olmos ha registrado también investigaciones al respecto tanto del FBI como de la fiscalía federal de México.

En abril de 2026, las instalaciones de “Ikon Midstream” fueron incautadas y sus actividades suspendidas. “Portacelis Gas and Oil” virtualmente se esfumó. El FBI sigue interesado en conversar con Andrés “Andy” López Beltrán.