La reforma de las Alcalde Luján: De abogados, fiscales y otros poderosos

¿Quién podría objetar la historia de dos hermanas en la que una de ellas encara obstáculos, y la otra acude en su auxilio? Pero ¿qué decir si el personaje en problemas es la fiscal de la ciudad de México, Bertha Alcalde, y su hermana al rescate es Luisa María Alcalde, consejera jurídica presidencial, quien coincidentemente decide promover enmiendas legales para dar más poder a los fiscales por sobre los jueces?

Desde Palacio, bajo la firma de la consejera, se ha ordenado integrar una iniciativa de reformas al Código Federal de Procedimientos Penales, en particular sobre artículos que dotan a los jueces el carácter de contrapeso ante abusos del Ministerio Público -que en la capital del país encarna la fiscal Alcalde Luján. La propuesta de la solícita hermana Luisa María se encamina a permitir mayor discrecionalidad a los persecutores de delitos, por ejemplo, en arrestos sin orden de un juzgador.

Juristas consultados que han podido conocer versiones preliminares del anteproyecto de reformas me alertaron que con las mismas se puede alegar en favor de mayor eficacia de la autoridad, pero supondrían violaciones constitucionales, y se opondrían igualmente a convenciones y tratados internacionales firmados por México.

Los mismos expertos reconocieron que la fiscal Bertha Alcalde es experta en el nuevo sistema penal acusatorio desde el ámbito académico, pero con escasa experiencia en el campo penalista. Ello estaría poniéndose de manifiesto en crecientes fricciones con los jueces del Tribunal Superior de Justicia capitalino, una instancia que por su parte acumula denuncias de corrupción entre sus integrantes, que encabeza el magistrado Rafael Guerra.

Las mismas fuentes se dijeron alarmadas por el aparente conflicto de interés que supondría impulsar una reforma de este tipo para beneficio de la fiscal Alcalde Luján por parte de la consejera jurídica presidencial, su hermana, a quien se atribuye insuficiente solidez jurídica pese a haber sido secretaria de estado en dos ocasiones, incluida Gobernación.

APUNTES: ¿EXTORSIÓN, EN “GOLPE” AL HUACHICOL?

En consulta con Palacio, la fiscal federal Ernestina Godoy determinó primero suspender, luego cesar y dejar sujeto a investigación al delegado de su oficina en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala, tras el escándalo por el falso “golpe histórico” de un decomiso de 59 millones de litros de combustibles en una moderna terminal en San Juan Iturbide, Guanajuato. Las investigaciones iniciales alimentan la presunción, hasta ahora extraoficial, de que se trató de un intento de extorsión –con la probable complicidad de funcionarios federales y locales– contra los administradores de ese depósito que se extiende por 140 mil metros cuadrados, con una conexión ferroviaria, desde donde sirve a empresas como Pemex, Shell y Exxon Mobil, entre otras.

Se considera que Vera Ayala fue promovido al cargo por César Oliveros Aparicio, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de quien anteriormente fue subordinado. Ambos llegaron a la FGR tras la salida de Alejandro Gertz Manero, luego de laborar en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), bajo el mando de Omar García Harfuch. Es el mismo caso del jefe directo de Vera, David Boone de la Garza, a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la FGR, quien se desempeñó al frente de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SSPC.

El ahora destituido funcionario había encabezado fiscalías contra delitos de alto impacto en Puebla y Tabasco. En esta última entidad estuvo envuelto en acusaciones de extorsión contra tres personas a las que acusó de delitos por los que estuvieron presas entre 2015 y 2022, cuando la Corte ordenó liberarlos por irregularidades.

Esta historia de abuso de poder acabó derivando en el documental “Duda razonable”, de Netflix. Todo ello no llevó a Vera Ayala a una acusación penal, sino a nuevos cargos de alta sensibilidad.