Las alertas económicas en la 4T

El gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo comenzó la ruta hacia la aprobación, de la mano de un Congreso dominado por el oficialismo, de su plan económico, que desde antes de darse a conocer ya exhibía puntos de confrontación en dos frentes clave: el sector empresarial, reticente a elevar el próximo año su ritmo de inversiones, ya de por sí cauteloso, y el mercado financiero internacional, inclinado a castigar la confianza sobre la contratación de la deuda pública mexicana.

En ambos sectores existe la certeza de que los programas sociales, en los que se erogará el próximo año cerca de un billón de pesos anuales, encierra duplicidades y casos de corrupción que, de ser depurados, permitirían ahorros hasta por 20%, lo que permitiría mejorar los servicios de salud y educación, entre otros, así como aumentar la inversión pública en obras productivas, con lo que se apuntalaría el crecimiento general.

En el primer frente, fuentes empresariales revelaron a este espacio que, en meses previos a que el secretario de Hacienda, Edgar Amador, enviara a la Cámara de Diputados el llamado Paquete Económico 2027, Altagracia Gómez, consejera de la presidenta Sheinbaum Pardo, sostuvo encuentros privados con empresarios, en lo individual o en pequeños grupos, en busca de propuestas para incorporar a la estrategia de Palacio hacia 2027.

En el segundo frente, el propio secretario Amador Zamora ha estado sujeto a presiones de bancos y fondos de inversión, así como por parte de compañías calificadoras de la deuda del sector público, que muestran alerta ante señales de que el gobierno avanza con lentitud en su compromiso de equilibrar la ecuación ingresos-gasto-deuda, pues su gasto no ha dejado de crecer desde 2018, ni tampoco la contratación de préstamos, que se disparó durante el último año de la administración López Obrador.

Durante las reuniones de empresarios con Gómez Sierra persistieron argumentos presentados que siguen girando en torno a presuntos excesos en el cobro de impuestos por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT), y la débil inversión pública en infraestructura, que a diferencia de otras naciones, en México es tomada como requisito indispensable para que el sector privado aporte sus capitales.

El tercer alegato más reiterado en esos encuentros lo constituyó la evidencia de que el Poder Judicial Federal -que cumplió un año bajo su nueva conformación con jueces, magistrados y ministros electos- está bloqueando el otorgamiento de amparos que supongan la suspensión provisional de actos de la autoridad, particularmente en materia fiscal. La desconfianza se agrava ante la posibilidad de que el manejo de la justicia federal exhiba una mayor polarización ideológica una vez que arribe a la presidencia de la Corte la polémica ministra Lenia Batres.

Singularmente, según las fuentes consultadas, los empresarios mostraron especial incertidumbre por la existencia de aranceles por parte de Estados Unidos o ajustes de fondo en el tratado comercial, dado que consideran irreversible, aun en el mediano plazo, la integración entre ambas economías.

Tanto en el sector empresarial como en mercado financiero internacional se comparte la preocupación ante lo que califican como un “presupuesto recesivo”, cargado con un porcentaje de déficit (3.9% del PIB) que no se redujo en los términos ofrecidos (3.5%). Ello ha empezado a provocar que los créditos, especialmente los internacionales, sean contratados a tasas más altas, lo que se agravaría si las calificadoras siguen bajando de categoría la evaluación de los bonos mexicanos.

Estos interlocutores del gobierno de Sheinbaum Pardo habían dado por descontado el alivio relativo que mostrará la cobertura del gobierno federal a las deudas de Pemex, debido especialmente a menores vencimientos en 2027 de los créditos contratados por la petrolera.

El citado secretario Edgar Amador deberá defender ante el Congreso el paquete económico, y se prevé que algunas de sus aristas serán ajustadas.