Emite ASF recomendación a Veracruz por recursos federales

CDMX.- Aunque en términos generales emitió una evaluación positiva, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) elaboró una recomendación al gobierno de Veracruz para mejorar la distribución de recursos federales a los municipios.

Como parte de la Auditoría 2120, la ASF revisó el 100 por ciento de los poco más de 17 mil 122 millones 984 mil pesos de las participaciones transferidas por la Federación al gobierno estatal para distribuir entre las alcaldías durante 2025.

Las transferencias se apegaron al marco jurídico, las deducciones estuvieron justificadas y los pagos a terceros se acreditaron, sin embargo, la actualización de factores no fue la adecuada.

En 14 mil 929 millones de pesos correspondientes a siete fondos e impuestos participables no actualizó el coeficiente provisional que se empleó entre enero y mayo.

Esto, a pesar de que el IEGI ya había generado información para determinar un coeficiente definitivo de distribución.

“Tampoco se encuentran formalizados los coeficientes que se utilizan para afectar las participaciones federales de los municipios, por concepto de la compensación de adeudos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas”, agregó.

ÓRGANO DE CONTROL INICIA PROCEDIMIENTO

Al respecto, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado inició un procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.

La revisión incluyó también 323 millones 254 mil 108 pesos por afectaciones a siete municipios para pagar la modernización del alumbrado público, entre estos Veracruz Puerto.

Durante 2025 no encontró irregularidades, pero durante 2026 el panorama al respecto es muy diferente.

GOBIERNO DEL PUERTO EN IMPAGO

El ayuntamiento de Veracruz acumula más de dos meses sin aportar los recursos que comprometió a la Asociación Público-Privada (APP) para renovar y operar el sistema de alumbrado público en el puerto.

El impago se da luego de Wardencllyffe Veracruz Puerto, la empresa privada que invirtió en el proyecto de eficiencia energética, ya cumplió con la primera etapa, es decir, con la sustitución, mantenimiento y operación de cerca de 50 mil luminarias LED.

Argumentando austeridad, el gobierno municipal desconoció el proyecto y aseguró que se haría cargo por completo del servicio, aun cuando antes de integrar la APP no mostró capacidad para hacerlo.

“El alumbrado continúa operando”, aseguró una fuente relacionada con el tema, “pero persisten dudas sobre la capacidad del municipio para sostener la atención de fallas y el mantenimiento de cerca de 50 mil luminarias sin afectar la calidad”.

ACUERDO CON WARDENCLYFFE

En septiembre de 2017, el municipio reportaba 40 por ciento de lámparas de calle apagadas, 60 por ciento con vida útil agotada y un gasto anual de 144 millones de pesos por el servicio de alumbrado.

En septiembre de ese año acordó con Wardenclyffe Veracruz Puerto modernizar este servicio mediante una APP registrada ante la Secretaría de Hacienda y cuyos pagos se realizan a través de un fideicomiso con Fiduciaria Multiva.

El contrato señala que el Ayuntamiento sólo estaba obligado a aportar 140 millones 519 mil 999 pesos al año, monto que se actualizaría cuatro por ciento anualmente durante los 15 años de vigencia.

La cantidad estaría respaldado con participaciones federales y es prácticamente similar a lo que de cualquier manera gastaba, pero dirigida a un servicio con equipos nuevos -que terminaron de instalarse en 2020-, mantenimiento a cargo de la empresa y hasta atención de reportes sobre desperfectos.

Este es un contrato ESCO, un acuerdo en el que una empresa privada financia e instala mejoras de eficiencia energética en infraestructura pública, y recupera su inversión con los ahorros que esas mejoras generan - sin que el gobierno ponga un peso por adelantado.

EMPRESA SIGUE A CARGO DEL SERVICIO

El 1 de abril, sin embargo, la alcaldesa morenista Rosa María Hernández Espejo logró la aprobación del Cabildo para requisar el contrato con Wardenclyffe, argumentando que no seguirían pagando a una empresa privada y que retomarían el control del servicio.

La decisión se tomó a pesar de que la Ley de Asociaciones Público-Privadas no contempla la posibilidad de requisa bajo esta figura, por lo que se solicitaron amparos al respecto.

La empresa confirmó que sigue haciéndose cargo del servicio, pese a que el gobierno municipal dejó de aportar recursos al fideicomiso.

La Administración de Hernández Espejo tampoco ha detallado públicamente el esquema operativo para sustituir las funciones de mantenimiento, atención de fallas, gestión técnica de la red, así como el personal especializado o cuadrillas asignadas a la operación del sistema.

“El caso se encuentra en litigio, luego de que la empresa promoviera amparos contra la requisa”, agregó la fuente.