Nadie firmó la sentencia

El próximo jueves arranca el proceso electoral más grande en la historia del país. En junio de 2027 se renuevan 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, la mayoría de los congresos locales y miles de ayuntamientos, además de la segunda elección judicial. La maquinaria ya está en marcha y su costo está sobre la mesa: el INE pidió 31 mil 431 millones de pesos para 2027, y por separado se aprobaron 10 mil 842 millones de financiamiento público para los partidos. Cerca de 47 mil millones en total.

Ese número va a dominar la conversación de los próximos meses. Se discutirá si es mucho o poco, si el árbitro gasta de más, si los consejeros ganan lo que deben. Y casi nadie va a preguntar lo único que importa: qué compra ese dinero.

Porque cuando llegó la hora de apretar, ya sabemos qué se apretó. El recorte de mil millones que el INE recibió para este año no cayó en la logística ni en las prerrogativas. Cayó en cultura cívica, en participación ciudadana y en la campaña para que la gente actualice su credencial. Se recortó la formación y se blindó la competencia.

Pero el INE es apenas la mitad de la historia. La otra mitad lleva siete años ocurriendo en silencio.

En febrero de 2019 se instruyó a toda la administración pública federal no asignar presupuesto a ninguna organización social o civil. Ese mismo año desapareció el Programa de Coinversión Social, que durante dieciocho años financió proyectos ciudadanos. En diciembre de 2021, un decreto eliminó el Indesol, que además llevaba el registro nacional de esas organizaciones. No hubo prohibición. Simplemente se dejó de convocar.

Después vino la llave fiscal. Entre 2020 y 2025, alrededor de cinco mil organizaciones salieron del padrón de donatarias autorizadas por cancelación, revocación o pérdida de vigencia. Solo en 2025 el SAT revocó 270. En marzo de este año se sumaron más de cien. La ley hace el resto: si una organización no recupera la autorización en doce meses, está obligada a entregar todo su patrimonio a otra. La muerte viene escrita en la norma y nadie tiene que ordenarla.

En Nuevo León el método fue otro. El dinero está presupuestado —229 millones para el Programa de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil— y simplemente no sale. El adeudo acumulado supera los 317 millones de pesos entre 2025 y 2026, y alrededor de 140 organizaciones esperan lo que ya se les autorizó. Mientras tanto siguen obligadas a entregar informes y comprobaciones; algunas se endeudan para cumplir compromisos que el gobierno no ha pagado. Hace unos días la Secretaría de Igualdad e Inclusión les requirió, otra vez, documentos que ya habían subido a la plataforma. Esta semana 55 organizaciones volvieron a reunirse sólo para documentar la espera. Y el reclamo no viene de un sector ideológico: lo firmaron Coparmex, Caintra, Canaco, el Tec de Monterrey y la UDEM.

En Jalisco el método fue el encogimiento. El programa que financiaba a las asociaciones civiles desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva tenía en 2019 un presupuesto de más de 24 millones de pesos y estaba abierto a las mil ochocientas organizaciones registradas en el estado. En 2025 cerró el año operando con tres millones. Pero el detalle está en 2024: ese año la convocatoria quedó abierta únicamente para asociaciones que ya habían sido beneficiarias antes. Cuando el requisito para recibir apoyo es haber recibido apoyo, el programa deja de ser una convocatoria y se vuelve una lista cerrada.

Cuatro mecanismos distintos, un mismo resultado. No se canceló nada. Se dejó de convocar, se revocó un papel, se retrasó un pago, se estrechó una definición. Nadie firmó la sentencia. El trámite hizo el trabajo.

Lo sé porque me tocó. Este año mandé un proyecto de formación ciudadana a una convocatoria federal. Nos dijeron que no. La razón: unas hojas iban al revés.

No tengo manera de probar que hubo mala fe y no la alego. El punto es otro, y es peor. Cuando el rechazo tiene forma administrativa no hay a quién reclamarle. No hay decisión que apelar ni funcionario que responda. Hay un formato. Y del otro lado hay niñas y niños que este año no van a recibir una clase que nadie más les va a dar.

Los 10 mil 842 millones para los partidos, por cierto, nadie propuso tocarlos.

Una democracia puede sostenerse un tiempo sin educación cívica. Puede organizar elecciones impecables, contar los votos el mismo domingo y publicar resultados en tiempo récord. Lo que no puede es producir ciudadanos por decreto después de haber desmantelado, sin decirlo nunca, a todos los que lo estaban haciendo.

Porque un ciudadano no nace el día que cumple dieciocho años y recoge su credencial. Se hace mucho antes, en un salón de clases donde alguien le enseña a preguntar, a discutir sin insultar, a distinguir un dato de un rumor, a exigir cuentas sin miedo. Se hace de ciudadanito, y toma años. No hay convocatoria que reponga los que se dejaron de formar.

Los partidos recibirán el año próximo más de tres mil seiscientas veces lo que Jalisco destinó en todo un año a las asociaciones que hacían ese trabajo. Ese es el precio que decidimos pagar, aunque nadie lo haya puesto nunca así en un dictamen.

En junio de 2027 vamos a votar. La pregunta no es cuánto costó la elección. Es cuántos ciudadanitos dejamos de formar mientras discutíamos el precio.